En una carta abierta dirigida al Presidente del Congreso del Perú, César Alejandro Zumaeta Flores, Amnistía Internacional ha instado hoy a las y los legisladores peruanos a aprobar y promulgar la Ley del Derecho a la Consulta Previa, insistiendo en el texto aprobado por el mismo Congreso el 19 de mayo de 2010. Este texto, que ya cuenta con el consenso de los pueblos indígenas y recoge estándares mínimos establecidos en el derecho internacional, fue frenado por el Presidente del Gobierno, Alan García, que devolvió la ley al Congreso con observaciones que modifican sustancialmente puntos fundamentales de la ley.Estas modificaciones fueron rechazadas públicamente por representantes de los Pueblos Indígenas por considerarlas una traición al espíritu del diálogo sostenido con el Estado. El Relator Especial de las Naciones Unidas sobre derechos de los indígenas expresó también sus preocupaciones sobre las observaciones del Ejecutivo a la Ley de Consulta, que ya había sido aprobada.
De aprobarse la versión de la Ley que incluye las observaciones del Ejecutivo, el Perú mandaría una clara señal de falta de voluntad política de respetar sus compromisos internacionales y una incapacidad para entablar diálogo constructivo y de buena fe con los pueblos indígenas. Esta incapacidad está en el centro de los graves conflictos sociales que el Perú viene enfrentando.
El 5 de junio de 2009 el mundo entero se conmocionó con las imágenes que llegaban de la Amazonía peruana, trágicas consecuencias de la incapacidad del Estado de cumplir con sus obligaciones en materia de derechos de los pueblos indígenas y de ignorar sistemáticamente los reclamos de dichos pueblos. Un total de 33 personas murieron en la carretera a Bagua y en la Estación Nº 6 de la empresa petrolera estatal Petroperú. Además, al menos otras 200 personas resultaron heridas durante la intervención policial que pretendía poner fin a la protesta de miles de indígenas en una carretera cerca de Bagua. Los pueblos indígenas estaban protestando contra la adopción en 2008 de decretos legislativos que afectaban al territorio que tradicionalmente ocupan y el uso de los recursos naturales. Estos decretos no fueron consultados a pesar de la obligación del gobierno peruano de celebrar consultas de buena fe con los pueblos indígenas con la finalidad de lograr su consentimiento libre, previo e informado. Esta obligación está claramente especificada en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (ratificada por el Perú en 1994) y en la Declaración de las Naciones Unidas sobre Pueblos Indígenas, adoptada en 2007.
Las normas internacionales de derechos humanos que protegen a los pueblos indígenas contra el despojo de sus tierras y recursos en nombre del desarrollo han surgido para poner fin a modelos históricos de toma de decisiones que se les han impuesto y a condiciones de vida que han amenazado su supervivencia.
Sólo si se toman los pasos necesarios para consolidar el proceso de consulta de buena fe, el gobierno de Alan García demostrará que verdaderamente ha aprendido las lecciones que dejaron los trágicos eventos de Bagua el año pasado y que tiene verdadera voluntad política para revertir siglos de injusticias contra sus pueblos indígenas. Solo así el Perú podrá mostrar al mundo una imagen diferente, una imagen de tolerancia, respeto y protección de los derechos de todos y todas sin discriminación.
Amnistia Internacional
