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lunes, 28 de marzo de 2011

La pena de muerte en el 2010

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Según el informe sobre las condenas a muerte y ejecuciones en 2010, hecho público hoy, 28 de marzo, por Amnistía Internacional, los países que siguen utilizando la pena de muerte se están quedando cada vez más aislados tras una década de avances en el camino hacia la abolición.
Un total de 31 países han abolido la pena de muerte en los últimos diez años, pero Arabia Saudí, China, Estados Unidos, Irán y Yemen siguen figurando entre los que llevan a cabo más ejecuciones, vulnerando en algunos casos de forma flagrante las normas internacionales de derechos humanos.
Las ejecuciones registradas oficialmente por Amnistía Internacional en 2010 se elevaron al menos a 527, lo que supone un descenso respecto al año pasado, en el que como mínimo fueron 714. Al parecer, China llevó a cabo miles de ejecuciones en 2010, pero este país sigue manteniendo su hermetismo habitual sobre el uso de la pena de muerte.
“En 2010, los pocos Estados que siguen utilizando de manera sistemática la pena de muerte llevaron a cabo miles de ejecuciones, en contra de la tendencia global a la abolición de la pena capital”, señaló Salil Shetty, secretario general de Amnistía Internacional.
“Las ejecuciones pueden estar disminuyendo, pero en varios países continúan imponiéndose penas de muerte por delitos como los relacionados con drogas, los económicos, el mantenimiento de relaciones sexuales entre adultos con consentimiento mutuo y la blasfemia, en contra de lo dispuesto por las normas internacionales de derechos humanos que, excepto en el caso de los delitos más graves, prohíben el uso de la pena de muerte”, agregó Salil Shetty.
Asia y Oriente Medio son las dos regiones en las que se llevan a cabo más ejecuciones.
En 2010, China siguió utilizando la pena de muerte contra millares de personas por una amplia variedad de delitos, entre ellos algunos no violentos, y tras procedimientos que no cumplían las normas internacionales sobre justicia procesal.
Un porcentaje notable de las ejecuciones o condenas a muerte registradas en 2010 en Arabia Saudí, China, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Indonesia, Irán, Laos, Libia, Malaisia, Tailandia y Yemen tuvo que ver con delitos relacionados con drogas.
En 2010, haciendo caso omiso de las prohibiciones internacionales, Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos, Irán y Pakistán condenaron a muerte a personas por delitos cometidos cuando tenían menos de 18 años.
En el informe de Amnistía Internacional se ponen de relieve que en 2010 se registraron también algunos retrocesos, pues en seis países y territorios se reanudaron las ejecuciones y en uno se amplió el ámbito de aplicación de la pena capital.

miércoles, 9 de junio de 2010

Prioridad a los Derechos Humanos

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Amnistía Internacional pide a todos los Estados que den prioridad a los derechos humanos en toda iniciativa destinada a alcanzar los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM).

Para ello, los Estados deberán:

1. Mejorar la rendición de cuentas: los Estados deben garantizar la existencia de mecanismos nacionales e internacionales que los hagan rendir cuentas si ellos incumplen su obligación de respetar, proteger y hacer realidad los derechos humanos al emprender las iniciativas relativas a los ODM. Asimismo, los Estados deben proporcionar remedio adecuado por las violaciones de derechos humanos.
2. Revisar la adecuación de las medidas a las normas de derechos humanos: los Estados deben revisar todas las leyes, políticas y programas existentes o previstos relacionados con los ODM para garantizar que se ajustan a las normas internacionales de derechos humanos. En esta revisión se deben escuchar y tener en cuenta las opiniones y experiencias de las personas a las que afectan las iniciativas relativas a los ODM.
3. Incluir a los excluidos: los Estados deben asegurarse de que sus esfuerzos por lograr los ODM son inclusivos, tienen por objeto acabar con la discriminación, garantizan la igualdad de género y dan prioridad a los grupos más desfavorecidos.
4. Fijar metas nacionales de progreso: los Estados deben establecer y aplicar metas nacionales para realizar todos los derechos económicos, sociales y culturales, en particular los niveles mínimos esenciales, en el plazo más breve posible. Los gobiernos deben elaborar metas medibles y con plazos concretos, tomando en consideración los niveles existentes de progreso y los recursos disponibles, tanto a nivel nacional como a través de la cooperación y la ayuda internacionales.
5. Garantizar la participación: los Estados deben asegurarse de que las personas que viven en la pobreza pueden participar de forma significativa en la planificación, aplicación y vigilancia de las medidas relacionadas con los ODM en todos los niveles. Deben lograr una participación equitativa de las mujeres y proporcionar el entorno propicio para el trabajo de los defensores y defensoras de los derechos humanos, por ejemplo garantizando el derecho a la información y la libertad de expresión y asociación.
6. Asegurar que toda cooperación y ayuda internacional en apoyo de los ODM se ajusta a las normas de derechos humanos.

viernes, 28 de mayo de 2010

Amnistía Internacional pide que se investigue por homicidio en Colombia

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Amnistía Internacional ha instado a las autoridades colombianas a que investiguen el homicidio de un defensor de los derechos humanos que hacía campaña contra los abusos cometidos por los paramilitares y las fuerzas de seguridad en la región noroccidental de Sucre.
Rogelio Martínez, que representaba a comunidades rurales desplazadas de la zona de San Onofre, fue abatido a tiros por un grupo de encapuchados vestidos de negro cuando regresaba a su casa, el pasado martes, en mototaxi.
“Rogelio Martínez llevaba mucho tiempo luchando con ahínco para que los campesinos de la zona pudieran reclamar las tierras robadas por los paramilitares en connivencia con las fuerzas de seguridad y se dedicaba a sacar a la luz las violaciones de derechos humanos cometidas por estos grupos", ha explicado Marcelo Pollack, investigador de Amnistía Internacional sobre Colombia.
Martínez pertenecía también al Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (MOVICE). Al igual que otros miembros de esta organización y otros activistas del derecho a la tierra de Sucre, había recibido reiteradas amenazas de muerte por su trabajo.
Los activistas que hacen campaña para pedir la devolución de las tierras robadas por los grupos paramilitares han estado especialmente expuestos a sufrir amenazas y homicidio en los últimos años.
"Quienes luchan por la verdad, la justicia y la reparación y por la devolución de las tierras robadas por los grupos paramilitares en el contexto del largo conflicto armado de Colombia continúan pagando un alto precio por su trabajo en favor de los derechos humanos ", ha manifestado Marcelo Pollack.
"Las autoridades colombianas también tienen la obligación de garantizar que los defensores de los derechos humanos de Sucre y del país en general están protegidos de manera efectiva para poder realizar su trabajo con seguridad y sin temor", ha señalado Marcelo Pollack.
Amnistía Internacional ha condenado el homicidio de Rogelio Martínez y ha instado a las autoridades a que realicen de inmediato una investigación imparcial para garantizar que se lleva a los responsables ante la justicia.

Amnistía Internacional

 
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