Amnistía Internacional ha instado a las autoridades colombianas a que investiguen el homicidio de un defensor de los derechos humanos que hacía campaña contra los abusos cometidos por los paramilitares y las fuerzas de seguridad en la región noroccidental de Sucre.Rogelio Martínez, que representaba a comunidades rurales desplazadas de la zona de San Onofre, fue abatido a tiros por un grupo de encapuchados vestidos de negro cuando regresaba a su casa, el pasado martes, en mototaxi.
“Rogelio Martínez llevaba mucho tiempo luchando con ahínco para que los campesinos de la zona pudieran reclamar las tierras robadas por los paramilitares en connivencia con las fuerzas de seguridad y se dedicaba a sacar a la luz las violaciones de derechos humanos cometidas por estos grupos", ha explicado Marcelo Pollack, investigador de Amnistía Internacional sobre Colombia.
Martínez pertenecía también al Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (MOVICE). Al igual que otros miembros de esta organización y otros activistas del derecho a la tierra de Sucre, había recibido reiteradas amenazas de muerte por su trabajo.
Los activistas que hacen campaña para pedir la devolución de las tierras robadas por los grupos paramilitares han estado especialmente expuestos a sufrir amenazas y homicidio en los últimos años.
"Quienes luchan por la verdad, la justicia y la reparación y por la devolución de las tierras robadas por los grupos paramilitares en el contexto del largo conflicto armado de Colombia continúan pagando un alto precio por su trabajo en favor de los derechos humanos ", ha manifestado Marcelo Pollack.
"Las autoridades colombianas también tienen la obligación de garantizar que los defensores de los derechos humanos de Sucre y del país en general están protegidos de manera efectiva para poder realizar su trabajo con seguridad y sin temor", ha señalado Marcelo Pollack.
Amnistía Internacional ha condenado el homicidio de Rogelio Martínez y ha instado a las autoridades a que realicen de inmediato una investigación imparcial para garantizar que se lleva a los responsables ante la justicia.
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