Sólo tres condenas por 52 mil crímenes de lesa humanidad

52.000 crímenes, 300.000 víctimas, 4.511 autores, apenas tres condenas y el riesgo de que muchos presos pidan su libertad sin ser sentenciados. Ése es el panorama de una ley de justicia transicional que se adoptó en Colombia, un país que no ha superado el conflicto de décadas.

Cinco años y medio después de entrar en vigencia, una norma que reduce las penas a los autores de crímenes de lesa humanidad, a cambio de verdad, justicia y reparación, está en entredicho

Todo se debe a que hay 4.511 presuntos criminales que podrían favorecerse de los beneficios de esa ley, pero sólo tres han sido condenados y una de esas sentencias fue derogada.

En declaraciones a BBC Mundo, Luis González, el jefe de la unidad de la Fiscalía General que se encarga de tales casos, señala que la ley de Justicia y Paz ha motivado la confesión de "52.000 crímenes".

Se trata de masacres, desapariciones forzadas, secuestros, delitos sexuales, torturas, reclutamiento forzado y otras prácticas que se impusieron en el viejo conflicto armado colombiano.

Como si eso fuera poco, la más reciente condena fue sólo por ocho de los más de 1.000 hechos delictivos que admitieron dos jefes paramilitares que operaron en el Caribe.

"Así, esto nunca va a acabar", declara a BBC Mundo la ex procuradora Patricia Linares.

La ley de Justicia y Paz fue diseñada en el proceso de negociación con los paramilitares de derecha, a quienes se les dio estatus político en el gobierno del presidente Álvaro Uribe Vélez (2002-2010).

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La pena de muerte en el 2010

Según el informe sobre las condenas a muerte y ejecuciones en 2010, hecho público hoy, 28 de marzo, por Amnistía Internacional, los países que siguen utilizando la pena de muerte se están quedando cada vez más aislados tras una década de avances en el camino hacia la abolición.

Un total de 31 países han abolido la pena de muerte en los últimos diez años, pero Arabia Saudí, China, Estados Unidos, Irán y Yemen siguen figurando entre los que llevan a cabo más ejecuciones, vulnerando en algunos casos de forma flagrante las normas internacionales de derechos humanos.

Las ejecuciones registradas oficialmente por Amnistía Internacional en 2010 se elevaron al menos a 527, lo que supone un descenso respecto al año pasado, en el que como mínimo fueron 714. Al parecer, China llevó a cabo miles de ejecuciones en 2010, pero este país sigue manteniendo su hermetismo habitual sobre el uso de la pena de muerte.

“En 2010, los pocos Estados que siguen utilizando de manera sistemática la pena de muerte llevaron a cabo miles de ejecuciones, en contra de la tendencia global a la abolición de la pena capital”, señaló Salil Shetty, secretario general de Amnistía Internacional.

“Las ejecuciones pueden estar disminuyendo, pero en varios países continúan imponiéndose penas de muerte por delitos como los relacionados con drogas, los económicos, el mantenimiento de relaciones sexuales entre adultos con consentimiento mutuo y la blasfemia, en contra de lo dispuesto por las normas internacionales de derechos humanos que, excepto en el caso de los delitos más graves, prohíben el uso de la pena de muerte”, agregó Salil Shetty.

Asia y Oriente Medio son las dos regiones en las que se llevan a cabo más ejecuciones.

En 2010, China siguió utilizando la pena de muerte contra millares de personas por una amplia variedad de delitos, entre ellos algunos no violentos, y tras procedimientos que no cumplían las normas internacionales sobre justicia procesal.

Un porcentaje notable de las ejecuciones o condenas a muerte registradas en 2010 en Arabia Saudí, China, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Indonesia, Irán, Laos, Libia, Malaisia, Tailandia y Yemen tuvo que ver con delitos relacionados con drogas.

En 2010, haciendo caso omiso de las prohibiciones internacionales, Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos, Irán y Pakistán condenaron a muerte a personas por delitos cometidos cuando tenían menos de 18 años.

En el informe de Amnistía Internacional se ponen de relieve que en 2010 se registraron también algunos retrocesos, pues en seis países y territorios se reanudaron las ejecuciones y en uno se amplió el ámbito de aplicación de la pena capital.

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